Colectivos exigen aplicar estándares internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas

Diversos colectivos de familias y organizaciones de derechos humanos presentaron una propuesta formal ante las autoridades federales para armonizar la legislación nacional con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta iniciativa surge en un contexto crítico, donde las cifras oficiales reconocen más de 135 mil personas desaparecidas y una acumulación de más de 72 mil restos humanos pendientes de ser identificados en los servicios forenses del país. El objetivo principal es establecer protocolos obligatorios de búsqueda inmediata y procesos de identificación con estándares científicos homologados a nivel nacional.

La propuesta plantea la creación de un sistema de gestión de información interinstitucional que vincule los datos de la Fiscalía General de la República con los registros de las fiscalías estatales. Los representantes de las familias enfatizan que la falta de coordinación y la insuficiencia de recursos en los institutos de servicios periciales han impedido avances significativos en la localización de sus seres queridos. Según plantean los colectivos, el cumplimiento del artículo 34 implicaría una reestructuración profunda en las políticas de búsqueda, priorizando la trazabilidad de los restos recuperados en fosas clandestinas y áreas de inhumación irregular.

Dentro de los puntos clave del documento entregado, se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Cámara de Diputados una revisión presupuestaria que garantice la autonomía y el fortalecimiento técnico de los centros de identificación forense. Los activistas proponen que estos centros funcionen bajo un esquema de cooperación internacional, permitiendo la intervención de peritos independientes y la adopción de tecnologías avanzadas de análisis genético. Esta demanda busca reducir el rezago administrativo que actualmente mantiene a miles de familias en la incertidumbre sobre el paradero de sus parientes.

El proyecto también contempla el establecimiento de mecanismos de supervisión ciudadana para evaluar el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia. Las organizaciones sostienen que, sin una política de Estado que trascienda los periodos administrativos, la crisis de desapariciones continuará afectando el tejido social en múltiples entidades federativas. La propuesta ahora se encuentra bajo análisis de las comisiones legislativas correspondientes, mientras los colectivos mantienen su exigencia de un diálogo abierto y transparente con el Ejecutivo federal para implementar estas medidas con urgencia.