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Ministro de la SCJN asegura austeridad en el presupuesto judicial

El ministro de la Suprema Corte rechaza la existencia de privilegios y garantiza un ejercicio presupuestario austero y eficiente en el Poder Judicial.

Redacción La Coordenada
Foto: eleconomista.com.mx

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes que el presupuesto asignado al Poder Judicial se ejerce bajo criterios de estricta austeridad, descartando la presencia de lujos o beneficios excesivos en la operatividad del máximo tribunal del país. En el contexto de la revisión presupuestaria anual, el integrante del pleno subrayó que la institución mantiene un compromiso con la transparencia y la eliminación de gastos considerados innecesarios para el funcionamiento jurisdiccional.

Durante su intervención, el ministro enfatizó que las finanzas de la Corte han sido ajustadas para priorizar la labor sustantiva de impartición de justicia, desmintiendo versiones sobre un supuesto retorno a prácticas de dispendio. El funcionario señaló que cualquier ajuste en el gasto operativo responde a una planeación institucional enfocada en la eficiencia administrativa, buscando siempre salvaguardar los recursos públicos destinados a la operación de los tribunales federales.

La postura expresada por el ministro busca aclarar el estado de las finanzas ante el debate público sobre el gasto del Poder Judicial. Se reiteró que la SCJN mantiene mecanismos de control interno para asegurar que cada peso ejercido esté justificado por las necesidades operativas reales, rechazando de manera tajante que existan privilegios que contravengan las políticas actuales de austeridad republicana.

Finalmente, el integrante del tribunal superior subrayó que el Poder Judicial continuará colaborando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco del proceso presupuestario del próximo ejercicio fiscal. La administración de la Corte mantiene su compromiso de mantener una estructura operativa austera, garantizando que el acceso a la justicia para los ciudadanos siga siendo la prioridad sobre cualquier gasto administrativo o de representación.

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