Propuesta de gravamen a dispositivos electrónicos genera debate en sector tecnológico
La Secretaría de Cultura e Indautor contemplan un nuevo esquema de remuneración compensatoria por copia privada que afectaría el costo de diversos dispositivos electrónicos.

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), analiza una propuesta para implementar una tarifa adicional sobre el valor de venta de diversos equipos electrónicos, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas y memorias de almacenamiento. Este esquema, denominado por diversos sectores como un impuesto o "moche digital", busca actualizar el marco legal vigente respecto a la remuneración compensatoria por copia privada en México.
De acuerdo con los lineamientos preliminares, el gravamen podría alcanzar hasta un 2% sobre el precio de mercado de los dispositivos, bajo el argumento de compensar a los titulares de derechos de autor por el uso de sus obras en equipos capaces de reproducir contenido multimedia. La medida se encuentra actualmente en fase de revisión administrativa y no ha sido presentada formalmente como una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión.
Representantes del sector tecnológico y diversas cámaras de comercio han manifestado inquietudes respecto al impacto que esta propuesta tendría en el precio final al consumidor y en la competitividad del mercado digital. Argumentan que la aplicación de este cobro podría elevar el costo de acceso a herramientas digitales básicas, afectando principalmente a los sectores de la población con menores recursos que utilizan estos equipos para actividades académicas y laborales.
Por su parte, las autoridades culturales señalan que el objetivo es armonizar la legislación nacional con estándares internacionales de protección a la propiedad intelectual. La propuesta aún requiere de un análisis profundo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluar su viabilidad económica y el impacto recaudatorio que generaría a nivel nacional.
Hasta el momento, no existe una fecha establecida para la discusión legislativa de esta medida. Organizaciones civiles han solicitado que, en caso de avanzar, se realice un proceso de consulta pública para escuchar las voces de los usuarios, fabricantes y creadores, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el acceso equitativo a la tecnología en el país.


