SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los juzgados y tribunales del país tienen la obligación constitucional de aplicar la perspectiva de género y la interseccionalidad al resolver casos relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. La resolución subraya que este enfoque no debe considerarse como una opción discrecional para los juzgadores, sino como un mandato ineludible para garantizar el acceso pleno a la justicia y la debida diligencia.

La decisión del máximo tribunal responde a la necesidad de reconocer las barreras estructurales y las formas específicas de violencia que enfrentan las mujeres que realizan labores de defensa en diversos ámbitos sociales y ambientales. La SCJN enfatizó que los operadores judiciales deben analizar el contexto de vulnerabilidad en el que operan estas personas, considerando factores como su entorno socioeconómico, su labor de activismo y las posibles represalias que enfrentan por su trabajo en comunidades locales.

Con este precedente, la Corte busca eliminar obstáculos procesales que históricamente han invisibilizado las causas detrás de las desapariciones de mujeres. Los ministros coincidieron en que omitir la perspectiva de género en estas investigaciones vulnera el derecho a la verdad y perpetúa la impunidad, al ignorar las dinámicas de poder que atraviesan las denuncias interpuestas ante las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, el fallo establece que el análisis interseccional es fundamental para entender cómo el género interactúa con otras categorías, como la etnia o la situación geográfica, para aumentar el riesgo de desaparición. Esta medida busca que las autoridades investigadoras y jurisdiccionales adopten protocolos más rigurosos que permitan identificar líneas de investigación vinculadas directamente a la actividad de defensa de derechos humanos realizada por las víctimas.

Finalmente, la SCJN instó a que los criterios contenidos en esta resolución sean integrados en las capacitaciones permanentes del Poder Judicial. El objetivo central es que la perspectiva de género se convierta en una herramienta técnica estándar, asegurando que las sentencias dictadas en el territorio nacional cumplan con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.